Compartir
Por más que acarree ganancias socioambientales, el aumento de las exigencias en torno a la sostenibilidad en la producción de carne también presenta un desafío para los productores rurales, quienes necesitan adaptarse rápidamente a nuevas reglas de producción para satisfacer, especialmente, la demanda del mercado externo.
El escenario es complejo tanto por la heterogeneidad de los productores brasileños, con diversos tamaños y configuraciones, como por la propia dimensión continental del país, que abarca una amplia gama de especificidades climáticas, de acuerdo con cada bioma, cultivo e incluso con los aparatos jurídico y normativo.
Sector heterogéneo, con predominancia de pequeños y medianos productores
Cerca del 30% de la carne bovina producida en Brasil es exportada, lo que convierte al país en el mayor exportador mundial de la materia prima, según datos de la Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carnes (Abiec).
Sin embargo, aunque muchas fincas ya invierten en medidas sostenibles, como la práctica de la Integración Agricultura Ganadería Silvicultura (ILPF), no todas están avanzadas en este frente.
En su participación en el evento “Gobernanza y Sostenibilidad en la Cadena de la Carne Bovina”, promovido por el Centro Brasileño de Relaciones Institucionales (Cebri), el profesor de Agronegocio Global del Insper y coordinador del Insper Agro Global, Marcos Jank, explicó el escenario citando la heterogeneidad de la cadena productora de carne en Brasil, con fincas de diversos tamaños y perfiles.
En complemento, João Paulo Franco Silveira, coordinador del área de producción animal de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) y ex-empresario rural, destacó el hecho de que cerca del 70% de las propiedades agropecuarias en el país tienen menos de 50 hectáreas, es decir, son de pequeño o mediano tamaño. Según él, los ruralistas de menor tamaño tienen mucha más dificultad para seguir las nuevas reglas ligadas a la sostenibilidad que los más grandes.
Un estudio de Embrapa Territorial, basado en datos del Cadastro Ambiental Rural (CAR) y del Censo Agropecuario 2017, identifica que las áreas dedicadas a la preservación de la vegetación nativa en las propiedades rurales brasileñas suman 282,8 millones de hectáreas, lo que corresponde al 33,2% del territorio nacional.
La trazabilidad es el desafío más latente
Brasil posee un rebaño bovino de 238,2 millones de animales, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). De este total, según un recuento de Forbes, unos 4 millones de animales están registrados en el Sistema Brasileño de Identificación Individual de Bovinos y Búfalos (SISBOV), lo que representa solo el 2% del rebaño.
El Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés), que prohíbe la importación y comercialización de, entre otros, carne sin garantías de que no fue producida en áreas deforestadas, desafía a Brasil a revertir este panorama. Dado que el EUDR exige que las empresas europeas realicen una diligencia debida (due diligence) para comprobar la legalidad y el origen de los productos, se hacen necesarios mecanismos robustos de rastreo.
Para ello se creó el Plan Nacional de Identificación Individual de Bovinos y Búfalos (PNIB), en diciembre de 2024, que establece la obligatoriedad de la “marca” e identificación individual del ganado en todo el país, un cambio que tiene como objetivo hacer que el rebaño sea rastreable desde el nacimiento hasta la indicación de sacrificio. La implementación prevista es progresiva, con estados y productores teniendo hasta 2032 para alcanzar la trazabilidad plena.
Este cronograma rígido representa un obstáculo técnico y financiero para muchos pequeños y medianos productores.
El costo por cabeza de aretes electrónicos, chips, sistemas de radiofrecuencia u otras tecnologías de rastreo puede pesar en el presupuesto de quienes trabajan con ganado modesto. Además, muchos productores no disponen de infraestructura para la recolección, alimentación y transmisión de datos georreferenciados, integración de sistemas o conexión digital constante. La falta de soporte técnico local hace que la curva de adopción sea más pronunciada.
Además, la exigencia va más allá de los eslabones finales. Es decir, no se limita a las fincas inmediatamente proveedoras de los frigoríficos, ampliando el alcance de quienes están en la punta, que si no logran comprobar la trazabilidad o integridad ambiental del lote, corren el riesgo de ver su producto rechazado en mercados premium. Esto genera inseguridad en el retorno de la inversión en sistemas de rastreo.
La regularización territorial es un desafío de base
“La parte catastral de las bases es muy importante para el avance de las políticas de sostenibilidad. Mientras tengamos una malla territorial no definida, derechos de propiedad no definidos, el incentivo en torno a la sostenibilidad se debilita”. La afirmación del coordinador del Centro de Estudios del Agronegocio de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), Guilherme Bastos, en el evento del Cebri, muestra que los desafíos comienzan ya en el catastro de las propiedades rurales.
El país aún carece de un catastro efectivamente validado, transparente e interoperable, condición esencial para que cumpla su papel de instrumento de comando y control, y también de base confiable para políticas de trazabilidad, compensación ambiental y monitoreo de emisiones.
Creado por el Código Forestal de 2012 (Ley nº 12.651/2012), el CAR es un registro público electrónico, obligatorio y gratuito para todos los inmuebles rurales de Brasil. Reúne información ambiental de las propiedades y poses rurales, como Áreas de Preservación Permanente (APPs), Reservas Legales, áreas de uso restringido, vegetación nativa y áreas consolidadas, con el objetivo de permitir el monitoreo, la planificación ambiental y el combate a la deforestación.
Aunque es una de las principales herramientas de gestión ambiental del país, enfrenta cuellos de botella estructurales. Según el Servicio Forestal Brasileño (SFB) en datos de octubre de 2025, más de 8 millones de inmuebles rurales ya están registrados, lo que representa más que el total de inmuebles activos en el Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir) de la Receita Federal. Sin embargo, solo alrededor del 3,3% de los registros han completado su análisis, según datos de la Radiografía del CAR y del PRA en los Estados Brasileños 2024.
Además, como el CAR es declaratorio, depende de la veracidad de la información proporcionada por el propietario. La ausencia de verificación en tiempo real y de cruce sistemático con datos de satélite y catastros de tierras permite inconsistencias, superposiciones e incluso registros fraudulentos, especialmente en la Amazonía Legal.
Para minimizar este riesgo, existe el Proyecto de Monitoreo de la Deforestación de la Selva Amazónica Brasileña por Satélite (Prodes). El sistema desarrollado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) utiliza imágenes de satélite para generar la tasa oficial de deforestación anual en la Amazonía Legal brasileña. Pero este sistema enfrenta fallas.
Según Marta Giannichi, directora global de Sostenibilidad de Minerva Foods y de MyCarbon -empresa de descarbonización subsidiaria de Minerva enfocada en créditos de carbono-, son necesarios avances significativos para que el Prodes diferencie la deforestación legal de la ilegal, lo que hace desafiante la identificación de lo que está ocurriendo, de hecho.
Otro desafío reside en la integración del CAR con políticas de trazabilidad y regularización ambiental. Sin la validación definitiva, el registro no sirve como comprobación ambiental plena, lo que limita su uso para certificaciones, concesión de crédito rural y exportación de productos a mercados con exigencias más rigurosas, como la Unión Europea.
Las iniciativas legislativas en trámite buscan reducir parte de estas brechas estructurales. El proyecto de ley que trata de la regularización territorial (PL 510/2021) tiene como objetivo otorgar títulos de propiedad que permitan identificar y responsabilizar jurídicamente a los propietarios por eventuales infracciones a la legislación ambiental. Por su parte, el PL 2159/2021, que propone la modernización del licenciamiento ambiental, se enfoca en adaptar los procesos a la realidad digital y a las nuevas tecnologías de monitoreo remoto, agilizando el análisis de emprendimientos sin reducir el rigor técnico.
Ambos los proyectos dialogan con el mismo desafío estructurante destacado por Bastos: la consolidación de una base territorial y regulatoria sólida, capaz de integrar información, propiedad y responsabilidad ambiental en un sistema realmente funcional.
Transición viable depende de financiación
Para que la transición sea viable, muchos especialistas defienden que el Estado ofrezca líneas de crédito, subsidios o apoyo técnico. Silveira está entre ellos. Para el ex-productor rural, las iniciativas del gobierno en torno a la sostenibilidad junto a los productores son buenas, pero aún poco abarcadoras. “El Plan ABC, sin duda alguna, es el mayor programa que existe dentro del Plan Safra, es el productor rural tomando crédito para invertir en sostenibilidad. ¿Pero es suficiente? No, no lo es”, argumentó.
El Plan Safra es un conjunto de políticas públicas del gobierno federal que ofrece crédito e incentivos para apoyar la producción agropecuaria, facilitando, por ejemplo, financiar costos y invertir en maquinaria. Pero, como resaltó Bastos, “representa solo un tercio de lo que el sector efectivamente necesita”.
Marta entiende que políticas de incentivo o capacitaciones, involucrando a las fincas que invierten en sostenibilidad, puedan contribuir. Citó como ejemplo de incentivo al productor el Programa Renove, de Minerva Foods – iniciativa junto a productores para promover la ganadería de bajo carbono y prácticas regenerativas.
Casos de éxito del programa han demostrado que los desafíos también traen oportunidades. Los productores que logran superar las barreras y protagonizan la transición hacia un sector cada vez más sostenible, eficiente, resiliente y responsable, también miden ganancias, como mayor competitividad, acceso a nuevos mercados, reducción de costos, de riesgos y ganancias en productividad y rentabilidad, al día con el futuro.
Fuentes de referencia:
Boas práticas na agropecuária contribuem para reduzir impacto ambiental
Brasil bate recorde nas exportações de carne bovina em 2024
Desafios e perspectivas da agricultura: entre a crise e a sustentabilidade
Governança na Sustentabilidade da Cadeia da Carne Bovina